La ministra de Justicia, la liberal Sabine Leutheusser Schnarrenberge, ha anunciado que los periodistas que publiquen información confidencial utilizando fuentes anónimas sobre actividades del Gobierno, consideradas secreto de Estado, contarán con una mayor protección legal.
La ministra explicó que se ha desarrollando una ley para "reforzar la libertad de prensa", lo que implica también una enmienda que modifica un artículo del Código Penal alemán donde se contemplaban penas de hasta cinco años de cárcel para quienes desvelen informaciones sobre el Gobierno, sin revelar la identidad de sus fuentes.
Según ella, los profesionales de los medios deben poder hacer su trabajo manteniendo su atención en las actuaciones del Gobierno y publicando los errores de éste de forma libre.
La nueva ley permite que los periodistas no sean perseguidos cuando simplemente han publicado información que les ha sido proporcionada.
Anteriormente, aplicando el artículo que ha sido enmendado, los fiscales alemanes podían ordenar registros en redacciones, así como la confiscación de computadoras y documentación para tratar de averiguar quién ha filtrado secretos de Estado al medio.
La ministra aseguró que esta nueva ley se ha inspirado en los resultados del proceso conocido como el caso Cicero. En 2005, la revista Cicero, de Postdam (cerca de Berlín), publicó un artículo que contenía información procedente de documentos clasificados del Bundeskriminalamt (BKA), los servicios secretos.
Durante la investigación, el BKA registró la redacción de la revista. Dos años más tarde, la Corte Constitucional estableció que la inspección había sido anticonstitucional, ya que los periodistas no habían violado ninguna ley
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